SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

El Perú se halla ante una exigencia de políticas coyunturales, nacionales y sectoriales que orientan el logro de altos niveles de responsabilidad y eficiencia del sistema educativo como soporte y motor del desarrollo económico, social y cultural de la sociedad. Ejemplo de esto son los procesos de evaluación y acreditación que empiezan a efectivizarse a partir de la promulgación de la Ley que crea el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE); que se plasman en mayores exigencias para el ingreso a las entidades formadoras de maestros (Institutos y Universidades); así como para el nombramiento de los contratados por el estado en plazas docentes en calidad de nombrados. Todo esto en vista de la masificación y diversificación de programas de formación y perfeccionamiento docente. Estás políticas educativas, aunque algo erráticas y repentistas, intentan aportar rigor y eficacia en medio de un clima de desconfianza de la calidad del sistema educativo peruano.

En este medio en el que calidad, competitividad y globalización se re-fuerzan recíprocamente, la certificación profesional se convierte en un elemento de relevancia crucial, para la forja e impulso de un nuevo paradigma de la autorrealización humana en el siglo XXI. Por ello, mientras no exista un sistema que ofrezca informaciones válidas y confiables sobre lo que son los profesionales y lo que saben hacer, nuestras normas quedarán etéreas y no lograrán su objetivo, esto es, la formación y reconocimiento de profesionales competentes.

La certificación profesional, entendida como la acción del estado para reconocer las competencias profesionales de una persona, fueron adquiridas por un proceso de aprendizaje formal o no formal, siempre y cuando pruebe que sus desempeños se ajustan a estándares de exigencia preestablecidos.

De acuerdo a lo señalado previamente, la certificación debe ser vista como medio de evaluación para una consiguiente retroalimentación per­sonal e institucional, sea para validar un estado óptimo de desempeño, o para remediar eventuales déficit y recuperar el debido reconocimiento. En el caso de la certificación institucional debe constituirse en un elemento de autorregulación y redefinición de contenidos de los programas educativos; de modo tal, que el resultado que obtengan sus egresados debe servir de guía para desarrollar acciones que mejoren la formación profesional.

La certificación debe sustentarse en una evaluación objetiva e imparcial del profesional, lo cual solo será posible si se cuenta con un sistema de certificación sólido y riguroso. No basta con su promulgación y reglamentación, hay que efectivizarlo de modo prudente e inteligente, y prepararse para saber enfrentar formas abiertas o mimetizadas de resistencia.

Todo sistema de certificación requiere de una implantación eficaz y capaz de mantener el rigor y la flexibilidad de acuerdo a las exigencias del medio. Cada país debe establecer su sistema de acuerdo a sus peculiaridades sociales, culturales, económicas y legales. Recuérdese que estos sistemas son el fruto de una elaboración social, enraizada en la historia de cada sociedad concreta.

                 La certificación profesional ha demostrado ser un instrumento de enorme utilidad si se aplica en los contextos y situaciones reales y apropiadas. Así mismo, puede proporcionar medios para mejorar el ajuste de la formación profesional a las demandas de las organizaciones sociales y empresariales, pero requiere, para su pleno funcionamiento, de estructuras adecuadas y acuerdos políticos entre las partes interesadas.

   

            Cuando la certificación está ligada a políticas amplias de productividad y competitividad de las organizaciones, existen mayores posibilidades para un resultado óptimo, para tal efecto, Los procesos de certificación requieren ser contextualizados tomando en cuenta el nivel de desarrollo relativo de la región en que se inserta la organización; de otro modo, puede convertirse en mecanismo que refuerza la exclusión social impidiendo la igualdad de oportunidades.

            Las funciones de formación profesional y la función de certificación deben permanecer separadas y asumidas por instituciones distintas. Si ellas se reúnen en la misma entidad, se sientan las bases para la corrupción del sistema.

Hasta hoy, el reclutamiento de personal por las organizaciones, sobre todo las públicas, está plagado de nepotismo, el amiguismo y el intercambio de favores. La implantación de la certificación profesional significa introducir un elemento de racionalidad y justicia en la accesibilidad a las funciones laborales basada en la aptitud para el desempeño eficiente. Y esto les hará mucho bien a las personas y al país.